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INTRODUCCIÓN

No cabe duda de que la declaración por la UNESCO de Ciudad Patrimonio es un reconocimiento internacional que constituye un honor y una distinción, pero, al mismo tiempo, supone una serie de obligaciones que las ciudades, por si solas, no pueden asumir. El mantenimiento de los cascos históricos, la existencia de una estructura urbana medieval que dificulta el tráfico y aparcamiento de vehículos; una morfología y tipología edificatoria histórica que es preciso conservar, pero que se adapta difícilmente a ciertas demandas actuales; la degradación medioambiental provocada por desafortunadas intervenciones modernas; la gran cantidad de patrimonio edificado de carácter monumental que hay que restaurar, rehabilitar y rentabilizar, los elevadísimos costos añadidos a la hora de acometer la implantación o renovación de infraestructuras; el abandono de áreas urbanas en declive con las consiguientes tensiones especulativas para reconstruirlas, y todos aquellos problemas que produce el enfrentar una configuración del pasado con la vida actual, no pueden ser sólo afrontados por los Ayuntamientos.